
Alianza para la acción climática
De acuerdo con Jiménez, A y Niño, D (2022):
El cambio climático traerá consigo una transformación económica sin precedentes. El trabajo coordinado entre el Gobierno, la academia y el sector privado es esencial para garantizar una transición planeada y gradual hacia una economía carbono neutral.
En pocos contextos se habla de las serias implicaciones que el cambio climático tendrá sobre la economía. Sin embargo, en los últimos años son cada vez más los expertos que advierten sobre las repercusiones que traerán las medidas tomadas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La transición energética en los países pondrá mayor presión sobre los sistemas productivos, el precio de la energía, los mercados financieros y los índices de empleo, entre otros. Este fenómeno sistémico demandará la gestión coordinada de múltiples actores en Colombia, para garantizar la solidez y estabilidad de la economía y, por supuesto, del sistema financiero. La mayor intensidad y frecuencia de los eventos climáticos está impulsando a los gobiernos a tomar medidas para contener el aumento de la temperatura global; esto se traduce en políticas públicas más exigentes con las actividades productivas que generan GEI, con mayores restricciones o impuestos. Además, los ciudadanos son cada vez más conscientes y sensibles frente a los fenómenos del cambio climático, por lo que exigen un mayor compromiso del Gobierno y las empresas para contener los desastres. Sin duda, las decisiones de los consumidores están influenciadas por la responsabilidad climática. En respuesta, las empresas deben emprender cambios tecnológicos que les permitan adaptarse, a través de la transformación energética y mejora en la eficiencia de sus procesos productivos. Estos factores que condicionan la transición económica se definen como eventos detonadores (drivers), los cuales se transmitirán por todo el sistema financiero e incidirán en la desvalorización de activos, menor rentabilidad para las empresas y disminución de la riqueza de los hogares.
En Colombia, poco se habla de las implicaciones económicas que tendrá la aceleración de la transición energética, aun cuando se están adoptando ambiciosas medidas para disminuir la generación de GEI. De acuerdo con la recientemente aprobada ley de acción climática (Ley 2169 de 2021), la meta del país a 2030 es reducir en 51% las emisiones nacionales de GEI y llegar a la neutralidad en carbono en 2050; esto impulsará la transformación económica del país, ya que más del 50% de las exportaciones colombianas provienen de sectores altamente expuestos a la transición climática, como el carbón y el petróleo y sus derivados. Para que la transición hacia una economía más limpia se haga de forma paulatina y organizada, es indispensable que el Gobierno acompañe el proceso brindando lineamientos claros y facilitando el acceso a conocimientos técnicos asociados a la gestión de estos riesgos.
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