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Redes para la Transición Energética Justa

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Redes para la Transición Energética Justa 

Una de las discusiones actuales a nivel mundial se centra en el concepto de una transición energética justa. Esta transición implica la transformación de economías basadas en la extracción de recursos como los combustibles fósiles, hacia economías con bajas emisiones de carbono. Este proceso, al involucrar la reconversión y cambios estructurales de empleo y actividades productivas, debe realizarse de la mano con las comunidades más expuestas (trabajadores, actores en la cadena de valor aledaña a combustibles fósiles, carbón, etc.) con el fin de mitigar posibles impactos negativos.  

A nivel internacional, se han desarrollado redes e iniciativas relacionadas con la transición energética. Por ejemplo, en Escocia se estableció una Comisión de Transición Justa cuyo enfoque principal es fortalecer las capacidades necesarias para modernizar los edificios existentes en Escocia como parte de la transición hacia una economía de emisiones cero (SCN, 2023). Sin embargo, es importante señalar que esta transición no siempre es equitativa para las comunidades directamente involucradas. Un ejemplo de esto se evidencia en Chile, donde las comunidades indígenas han hecho visible su descontento y han alzado su voz en contra de los impactos generados por la explotación de minerales para la fabricación de equipos solares, eólicos, entre otros (Mining Technology, 2023). Este tipo de minería ha resultado en el desplazamiento de estas comunidades de sus territorios y en la contaminación ambiental que los afecta. 

Para hacer una transición justa y equitativa se debe entender bien las problemáticas asociadas y una planificación organizada de cómo abordará la transformación hacia a una economía baja en carbono. Por lo cual es fundamental, estudiar varios casos de aplicación, iniciativas, proyectos y otros ejemplos que sirvan de base para el desarrollo de una propuesta aplicable.  

¿Qué es una transición justa? 

En primer lugar, es importante definir qué se entiende por una transición justa. Según el Just Transition Alliance, una transición justa y equitativa es un conjunto de principios, procesos y prácticas que se basan en una visión unificadora y buscan construir poder económico y político para pasar de una economía extractiva a una economía regenerativa. Esto implica abordar los ciclos de producción que generan gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global, al mismo tiempo que promueve un enfoque holístico y circular del consumo, donde los procesos no generen residuos. 

El Just Transition Alliance enfatiza que, si el proceso de transición no es justo, el resultado final tampoco lo será. La noción de transición justa no solo describe la meta hacia la cual nos dirigimos, sino también el camino que debemos tomar para llegar allí. 

A través de la tercera fase del proyecto bajo UKPACT Colombia “Preparando al sector público y financiero para los riesgos climáticos: Creación de capacidades y llamado a la acción”, se desarrollará una red público-privada y de sociedad civil para promover y generar alianzas para la transición energética justa. Para esto, se ha avanzado en una revisión bibliográfica de los avances sobre una transición energética justa internacional y nacional, lo que nos ayudará a determinar puntos clave que identifiquen y analicen estrategias, iniciativas o acciones que han funcionado en otros territorios.  

Avances e iniciativas Internacionales 

Dentro del contexto internacional, una de las iniciativas más relevantes es el Just Energy Transition Partnership (JETP), anunciado en la COP26 en Glasgow. Esta iniciativa es un mecanismo de cooperación financiera diseñado para ayudar a economías emergentes altamente dependientes del carbón a lograr una transición energética justa. Su objetivo principal es respaldar a estos países en la definición de sus propias rutas para abandonar la producción y consumo de carbón, proporcionando el apoyo financiero necesario. 

El JETP ha movilizado una cantidad inicial de USD $8,500 millones de dólares a través de subvenciones multilaterales y bilaterales, préstamos en condiciones favorables y garantías con el propósito de respaldar la transición energética justa en Sudáfrica. Estos fondos están destinados a apoyar proyectos y programas que promuevan la diversificación de la matriz energética sudafricana, reduciendo la dependencia del carbón y fomentando el desarrollo de fuentes de energía más limpias y sostenibles. Al 2022 se han generado avances como la eliminación de umbrales de concesión de licencias para la generación de energías renovables, se ha elaborado una legislación especial para hacer frente a obstáculos legales y se han adquirido por ESKOM de 1,000 MV de energía renovable.  

Del mismo modo, en Indonesia se han movilizado montos de USD $20 billones en financiamiento público-privado y distribuidos a través de la Secretaría por medio de préstamos en condiciones favorables, préstamos a tipo de mercado, inversiones privadas y subvenciones. Este monto buscará aportar a las limitaciones de las emisiones del sector eléctrico a 290 megatoneladas a 2030, establecer un objetivo net zero a 2050 y acelerar el despliegue de energías renovables. 

En el sector financiero, se destaca la iniciativa del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (o ERBD por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de garantizar que los beneficios de la transición hacia una economía “verde” se distribuyan justamente. Esto lo están realizando por medio del apoyo a clientes con activos intensivos en carbono, el desarrollo de capital humano, promoviendo acceso de medios de vida alternativos y finalmente la diversificación económica regional, facilitando acceso a empleos de calidad en infraestructura y Pymes.  

En contraste, la iniciativa “Finanzas Sostenibles para el Futuro” creada por el GFLAC y OLAC consiste en una campaña para promover la transformación en el sistema financiero público y privado y guiar las inversiones en portafolios que protejan los derechos humanos, la equidad de género, biodiversidad y ecosistemas.   

En cuanto a la academia, se puede resaltar iniciativas como el International Universities Climate Alliance, que busca apoyar a líderes global para enfrentar el reto del cambio climático, compartiendo y divulgando información basada en evidencia. Entre sus miembros se encuentra Cornell, Oxford, Pennstate, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Utrecht, entre otros. Entre los avances que se han reportado al momento, se resalta la participación en el desarrollo del AR6 Synthesis Report con el IPCC (2023), investigaciones climáticas adaptadas a su país, el festival Climate Talks donde se compartieron avances tecnológicos que ayuden a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático, siendo una de las herramientas presentadas el Teal Tool Earth.  

 

Avances e iniciativas Nacionales 

Como se pudo observar a nivel internacional, se han realizado varios avances para una transición energética. Desde el Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, en conjunto con UKPACT, se desarrollará una red público-privada y de sociedad civil para promover y generar alianzas para la transición energética. Para esto, es importante reconocer que en Colombia se se ha priorizado la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes de energía más limpias y renovables, se han abierto nuevas oportunidades para el crecimiento económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente. 

En este contexto, en 2016 se constituyeron los Nodos Regionales de Cambio Climático, instancias de gobernanza que permiten llevar la política de cambio climático a los territorios y promover respuestas desde diferentes niveles de gobierno.  

Estos nodos han estado en funcionamiento durante una década y fueron oficialmente institucionalizados mediante un decreto nacional en el año 2016. Además, el mismo decreto estableció la Comisión Intersectorial sobre Cambio Climático (CICC), que busca articular los esfuerzos y promover la cooperación interinstitucional en la lucha contra el cambio climático (Rodríguez et al., 2020). Dentro de estos nodos se encuentra el Nodo Caribe Insular, el cual está conformado por los departamentos de La Guajira, Bolívar, San Andrés y Providencia, Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Cesar. Estos departamentos serán más rápidamente afectados por la transición debido a la explotación de carbón a cielo abierto en sus territorios por lo que es clave, a través de esta red, incluirles en el proceso a medida que se gesta la transición a una economía baja en carbono.  

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que una de las prioridades del gobierno nacional es adelantar la transición energética justa, sostenible, que busque asegurar la soberanía energética del país, el acceso democrático a la energía y acciones claras para enfrentar el cambio climático (MinEnergía, 2023), lo que se hará mediante cinco ejes fundamentales:  

  • Mayores inversiones en energías limpias y descarbonización. 

  • Sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. 

  • Mayor eficiencia energética. 

  • Revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias. 

  • Reindustrialización de la economía colombiana. 

Sin embargo, a nivel nacional existe una falta de articulación de la información sobre iniciativas y planes de acción ya desarrollados o en desarrollo. O, incluso, una herramienta para visualizar de qué manera los departamentos y organizaciones inscritas están avanzando en acciones para mitigar los impactos del cambio climático de manera equitativa. Por eso, dentro del proyecto “Preparando al sector público, identificamos posibles iniciativas, acciones, programas y proyectos priorizados en los dos departamentos como la Guajira y el Cesar.  

Estas iniciativas, como los referentes internacionales, podrían servir de insumo u oportunidad para elaborar una hoja de ruta que promueva una transición justa y equitativa en los territorios.  

Referencias: